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Exigen sanción a contratistas por retraso de hasta 10 meses en obras públicas

• Los diputados Ezequiel Rétiz Gutiérrez (local) y Obdulio Ávila Mayo (federal), presentaron ante la Contraloría General capitalina una denuncia en contra el Ejecutivo local y el secretario de Obras Públicas

• El retraso habla de ineficiencia en la planeación y entrega de las obras: Rétiz Gutiérrez

• No se aceptará el encubrimiento y la complicidad, por lo que exigieron a la Contraloría realiza una investigación seria y responsable, con apego a la ley: Ávila Mayo

12 de agosto de 2008.- Con el fin de obligar al Gobierno del Distrito Federal a terminar las obras públicas inconclusas en distintos puntos de la ciudad, las cuales presentan un retraso de hasta 10 meses, los diputados (local) Ezequiel Rétiz Gutiérrez y (federal) Obdulio Ávila Mayo, presentaron ante la Contraloría General capitalina una denuncia en contra el Ejecutivo local y el secretario de Obras.

Los legisladores explicaron que esta denuncia pretende se sancione a los contratistas de obras responsables de los distribuidores viales de Calzada de la Virgen y Eje 3 Oriente, así como el de Periférico y Muyuguarda; del Hospital Tláhuac; la Línea 2 del Metrobús, además del puente Peatonal del distribuidor vial Zaragoza-Texcoco.

Incluyen también proyectos como el de Eje 5 Poniente a la altura de Constituyentes, el corredor en Avenida Chapultepec, la construcción del plantel San Lorenzo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros.

El diputado Rétiz Gutiérrez sostuvo que con el retraso en la construcción de estas obras, el Jefe de Gobierno violenta el marco normativo y los intereses de sus propios gobernados.

“Las obras en sí, no le generarían al GDF la obligación de indemnizar a los vecinos afectados, pero el retraso ya habla de una ineficiencia en la planeación y entrega de las mismas, por lo cual solicitamos la intervención de la Contraloría ante el daño, el cual es mayor al beneficio que debería tener una obra pública”, indicó.

Agregó que esta denuncia es el principio de una cruzada contra la negligencia de la administración local y su falta de seriedad en la ejecución de la obra pública.

En este sentido, el diputado federal Ávila Mayo expuso que se busca evitar que se prolongue indefinidamente la molestia a quienes viven cerca de las construcciones y, por otro lado, se fiscalicen permanentemente las obras que contrata y ejecuta el gobierno central.

Apuntó que los servidores públicos que resulten responsables por dichas demoras se harían acreedores a sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución de su cargo.

Ambos legisladores panistas advirtieron que no aceptarán el encubrimiento y la complicidad por lo que exigieron a este órgano de control realice una investigación seria y responsable, apegada a la ley.

“No queremos una simulación como se hacía en otras administraciones, donde se solapaba al correligionario del partido y se cubría con el manto de la impunidad al amigo”, sentenciaron.