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Un nuevo Pemex

(Siempre!) 16 de noviembre de 2008.- Luego de más de seis meses de estudio, consultas y debates legislativos, el Senado de la República aprobó el paquete de reformas jurídicas en materia energética que permitirán generar mayor valor agregado y un aprovechamiento racional, eficiente y sostenido de los recursos energéticos del subsuelo en el largo plazo.

Se trata de un cambio de fondo a las normas de organización y funcionamiento de Pemex, que repercutirá en el desarrollo de la industria petrolera y la economía nacional en conjunto. Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados se han pronunciado ya para aprobar el paquete en sus términos. Eso sentará las bases en el país para avanzar con certidumbre en una economía próspera que genere oportunidades de bienestar para todos los mexicanos.
Por décadas, Pemex fue administrada con una racionalidad política en lugar de económica, como fuente de ingresos públicos. Se le exigió la rentabilidad de una empresa mercantil pero, al mismo tiempo, se la sometió a márgenes restringidos de gestión estratégica prospectiva. Normas rígidas, incongruentes y obsoletas para regular adquisiciones, contratación y disposición de activos. Se la exprimió sin dejarla reinvertir lo requerido para operar de manera eficiente y rentable, y para innovar y ponerse a la vanguardia en productividad y competitividad. Todo eso en aras de un proyecto nacionalista reformista que descansaba en una industrialización hacia adentro, protegida y no competitiva. No pudo invertir las utilidades que generaba y año con año se comprometían sus utilidades futuras. El reto siempre fue dotarla de medios, mecanismos e instrumentos para que eleve la productividad, la competitividad y en consecuencia su rentabilidad, porque de ese modo aprovechamos mejor nuestro petróleo.

Nos rinde más y para más años, mientras transitamos hacia el aprovechamiento de energías alternativas renovables (no fósiles).

Con la capacidad de operación y los mecanismos para manejarla como empresa pública rentable, sin el lastre de exprimir todas sus utilidades, Pemex podrá en adelante operar con efectivas autonomía, rentabilidad y transparencia. Con ello todo el aparato productivo nacional se verá beneficiado directa o indirectamente por dos vías: dispondrá por un lado de combustibles suficientes, a buen precio y con calidad mundial y eficientemente distribuidos y, por otro lado, de oportunidades para convertirse en proveedores de bienes y servicios para la industria petrolera y para integrar cadenas productivas con ese fin. Un paso decisivo dado con la reforma es en la dirección de liberar las finanzas públicas del alto nivel de dependencia de la renta petrolera como fuente de ingresos. En los últimos siete años se ha modificado su régimen fiscal en cuatro ocasiones.

Se han sentado las bases legales para un nuevo Pemex y una política pública energética de Estado. En las decisiones de su conducción participarán expertos consejeros sin vínculos ni intereses políticos o mercantiles, propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. Los contratos serán públicos desde su generación y auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Pemex y no la Secretaría de Hacienda decidirá a quién, cuánto, dónde y en qué condiciones y términos contratar conforme a la nueva que aprobará el Congreso para regular esa cuestión.

Pemex es propiedad exclusiva de todos los mexicanos. Pero ahora será una empresa rentable, eficiente y que rinda cuentas claras de lo que hace y de los resultados conseguidos que sólo pueden ser un aprovechamiento óptimo y consistente de los recursos petroleros que redunde en beneficio de generaciones presentes y futuras.